El anterior Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Javier Urra, divide los derechos de los niños en tres categorías: el "derecho a beneficiarse de algo" (alimentación, cuidados, medicinas, afecto...), "el derecho a ser protegido de cualquier cosa" (de malos tratos, torturas, abusos o explotación laboral) y "el derecho a hacer algo, alguna actividad", como puede ser expresarse y tomar decisiones. El 23% de las niñas y el 15% de los niños menores de 17 años sufren abusos sexuales, sólo en la Comunidad de Madrid hay 20.000 niños trabajando, la Administración se hace cargo de miles de menores que, aunque tienen cubierto ese "derecho a beneficiarse de algo", el afecto no se puede imponer. Son datos demasiado fríos que ocultan rostros de niños.

No hay duda de que los adultos somos responsables de sus problemas, pero no siempre somos el remedio. Los esfuerzos para paliarlos están siendo ímprobos pero se demuestra que no son suficientes; mientras que haya un niño desprotegido o en situación de riesgo todas las medidas del mundo serán pocas. Para garantizar el cumplimiento de los postulados de la Convención de los Derechos del Niño existen multitud de organismos entre los que destaca la Dirección General de Acción Social, del Menor y la Familia. Las Comunidades Autónomas han creado servicios más concretos de protección a la infancia como el Consejo Andaluz de Asuntos de Menores o el Comisionado Valenciano para la Protección del Menor. Algunos gobiernos regionales además han previsto la figura del Defensor del menor que debería hacerse extensivas a todas las Comunidades. Los Ayuntamientos y corporaciones locales también poseen instrumentos para cuidar de sus menores. Las políticas, entre las que destaca el Plan Nacional de Acción para la Infancia, el régimen de subvenciones y el ordenamiento jurídico, comprenden mecanismos suficientes para que los menores no sufran situaciones de injusticia, porque como ha destacado el Ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, "un Estado que no protege a sus menores está provocando injusticias".

||MALTRATO INFANTIL||

Este colchón que el Estado pretende ser para sus niños está inflado con el esfuerzo de multitud de Organizaciones No Gubernamentales que, gracias a su profesionalidad y a la cercanía a problemas concretos, comparten la responsabilidad con las Administraciones. entre éstas destacan las ONG agrupadas en la Plataforma de Organizaciones de Infancia que colaboran en la redacción de los informes que España presenta ante el Comité de los Derechos del Niño. De ellos se desprende que en España no existen dificultades para aplicar la Convención pero sí se dan multitud de deficiencias como la falta de garantías en la ejecución de las medidas aplicadas a menores infractores, la falta de protección de la vida privada en los medios de comunicación o la no aplicación en la práctica de los derechos de los menores de determinados colectivos como los inmigrantes o los gitanos.

Los menores que sufren una flagrante situación de riesgo son quienes, sin duda, se ven privados del disfrute de los derechos que les corresponden. La mayoría provienen de familias desestructuradas en las que los bajos niveles socioeconómicos, junto con problemas derivados de alcoholismo o toxicomanías, hunden a sus hijos en el abandono o el maltrato psicológico o físico. La luz de la alarma social se enciende al descubrir que más de un millón y medio de niños sufren riesgo de ser víctimas de malos tratos. Los casos que saltan a la opinión pública son sólo una minoría y sirven para medir la calidad de los servicios sociales y los mecanismos de detección que protegen a cientos de niños del infierno de sus familias.

Los factores que llevan a un padre o a una madre a utilizar la violencia contra sus hijos son muy diversos; influyen los rasgos biológicos de los padres, como la incapacidad de controlar sus reacciones, pero son los factores sociales los que ejercen un mayor peso. Los casos atendidos por los servicios sociales ponen de manifiesto que el maltrato infantil se asocia a situaciones de paro (68%), mal acondicionamiento de la vivienda (77%) o bajo nivel educativo. Lo cierto es que estos comportamientos detestables se dan en todos los niveles socioeconómicos pero sólo se conocen los que son atendidos por los servicios sociales: un 20% del total.

No sólo el uso de la violencia es maltrato: la desatención, los abusos psicológicos o el abandono (casi el 80% del total) hacen tanto daño como los golpes.

Un reciente estudio del Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia ha puesto de manifiesto que la familia es la institución más violenta, sólo superada por el ejército en tiempos de guerra. Sigue subsistiendo la concepción de que los hijos, como ocurre en ocasiones con las mujeres, son propiedad de los padres y lo que ocurra dentro del hogar incumbe, en exclusiva, al ámbito privado. Ni es propiedad de sus padres, ni lo es de la sociedad, el niño es una persona, con mayores derechos que los adultos, y a todos nos corresponde vigilar que disfrute de ellos en libertad. Acabar con el maltrato infantil debe ser una prioridad de las Administraciones y de las organizaciones, ya que la sociedad del futuro será lo que hoy son sus niños. La realidad nos enseña que más del 18% de los maltratados acaban convirtiéndose en maltratadores.

Aunque queramos creer lo contrario, los padres que maltratan no están enfermos: sólo un 10% padece trastornos psíquicos, pero más del 20% de los casos de malos tratos está asociados a adicciones y politoxicomanías. En los servicios de atención a esta población se ha observado el aumento de pacientes que tienen a su cargo a algún menor, 40 de cada 100. Los hijos de los drogadictos, debido a las carencias afectivas que sufren, presentan un desarrollo mermado y una disfunción de su conducta, según las conclusiones del Seminario Internacional de Experiencias Europeas de Atención a Drogodependientes con hijos, organizado por AGIPAD (Asociación Guipuzcoana de Investigación y Prevención del Abuso de Drogas). Para estos niños, la violencia se convierte en una amenaza diaria y soportan una tensión continúa en función de los cambios repentinos de humor de sus padres y de lo inexplicable de sus reacciones. Los hijos de drogadictos se avergüenzan de sus padres y, ante la falta de modelo de comportamiento, en muchas ocasiones acaban asumiendo ellos mismos la responsabilidad de proteger a sus padres. Miedo, vergüenza e inseguridad marcan la vida de unos pequeños a quienes las drogas les han arrebatado a sus padres.

||VIVIR EN LA CÁRCEL||

Otro ejemplo de menores en situación de riesgo son aquellos que residen con sus madres en centros penitenciarios. La ley permite que los niños vivan con sus progenitoras hasta los tres años y las tendencias demográficas de la población reclusa (incremento de la proporción de mujeres, aumento de ingreso de extranjeras), hacen que el volumen de menores que viven en la cárcel aumente de manera significativa. Un informe realizado a instancias del Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid pone de relieve las carencias que los niños soportan en las cárceles, las escasas relaciones, la vida sistematizada o la ausencia de experiencias, lo que contrasta con el alto nivel afectivo que les brindan sus madres. Pero los expertos afirman que a partir de los dos años el internamiento es discutible y la influencia del ambiente puede repercutir muy negativamente en el desarrollo del niño.

Los más indefensos son muchas veces los menores discapacitados que merecen una protección mayor y una atención más especializada. La Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Deficiencia Mental, FEAPS, reconoce que de los 250.000 españoles con discapacidad psíquica, varios miles no reciben la atención necesaria; una gran parte de ellos son menores. La atención temprana y la educación especial que requiere este colectivo no llega a todos por diversas razones, muy distintas si se trata de entornos urbanos o rurales. En las zonas rurales se une la escasez de centros y la dificultad de acceder a ellos, con una peculiar perspectiva para afrontar el problema derivada de atavismos culturales y sociales. En las ciudades, por contra, los centros especiales públicos y de las diferentes organizaciones no son suficientes para atenderles; las listas de espera ponen de manifiesto que la oferta no se corresponde con la necesidad.

||DERECHOS EN EL PAPEL||

En lo que se refiere a los derechos básicos de la sanidad y la educación, cualquier mejora no será suficiente. En el ámbito sanitario, además de las deficiencias en la atención a la salud mental ya mencionadas, los problemas se centran de nuevo en los menores inmigrantes, en las dificultades administrativas que encuentran para recibir la atención a la salud que tienen reconocida por ley. Esta situación ha sido denunciada por varias organizaciones sociales y por algunos fiscales y parece que la presión social se encargará de eliminar los resquicios de desatención que puedan producirse.

El informe anual de UNICEF acerca de la situación de la infancia en el mundo, reconoce que la tasa de escolarización en España es del 100%. De hecho la enseñanza básica es gratuita y obligatoria hasta los 16 años. Pero en la práctica, el absentismo escolar es un fenómeno muy extendido entre el alumnado que proviene de sectores sociales y culturales más desfavorecidos. No hay cifras que lo corroboren pero la propia ley prevé que cualquier persona que tenga conocimiento de algún caso debe ponerlo en conocimiento de las autoridades públicas. La precariedad de la vida de determinados colectivos, fundamentalmente los que provienen de asentamientos de las grandes ciudades, dificultan la integración escolar de niños y adolescentes. Las ONG de infancia solicitan una política integral que ataje las dificultades socioeconómicas y laborales de las familias que no obligan a sus hijos a acudir a la escuela. Aunque la ley prevé profesores de apoyo para los menores con necesidades educativas especiales derivadas de su condición social, lo cierto es que este sistema no da la respuesta necesaria debido a la escasez de profesionales. La falta de alternativas eficaces está provocando fuertes tensiones en las aulas, con problemas de disciplina, rechazo, etc.

El colectivo de inmigrantes presenta además peculiaridades especiales que se unen a las anteriormente citadas de carencia de recursos económicos. La actual Ley de Inmigración reconoce el derecho a la educación obligatoria hasta los 16 años pero se constata la carencia de programas que favorezcan la adquisición de la lengua junto con medidas de protección de la cultura propia.

En lo que se refiere a la educación secundaria las cifras demuestran que la formación profesional es escogida mayoritariamente por jóvenes con escasos recursos económicos o en dificultad social. Las organizaciones solicitan un mayor apoyo a esta opción para que deje de ser "el caldo de cultivo de la creación de guetos". El Ministerio de Educación puso en marcha una campaña que, bajo el lema de Todos los caminos. Todas las metas, pretende fomentar la formación profesional.

||LOS QUE VIENEN DE FUERA||

Los niños extranjeros que viven en España no acompañados son hoy por hoy la mayor preocupación de responsables políticos, profesionales de las ONG y de los jueces y fiscales. Los niños inmigrantes son también nuestros niños, son los que están en mayor situación de riesgo y a los que, sin duda, la articulación de los sistemas sociales tiene en mayor abandono. Es un "problema" para el que las Administraciones no están preparadas: no se saben las cifras reales, son varias las autoridades competentes, los servicios sociales están descordinados y las dificultades y necesidades de estos niños son bien distintas de las de los nacionales. El Ministerio del Interior afirma que según los datos oficiales se ha pasado de 82 niños inmigrantes en 1994 a 1.785 en el 98 (cifras facilitadas por las Comunidades Autónomas, no se contabilizan Ceuta y Melilla). El número real sin duda se dobla, y cada día en las calles de las grandes ciudades aparecen más y más chavales, la gran mayoría procedente del Norte de África, que son pasto de las redes de prostitución, narcotráfico o violencia callejera. Los servicios sociales están desbordados y no existe una política clara para atenderles; son como siempre las ONG quienes más rápidamente han intentado buscar soluciones. Un ejemplo son los planes de apoyo de los menores marroquíes que han emigrado solos que AMAL y Paideia están llevando a cabo en el madrileño barrio de Lavapiés.

Según Manuel Pérez, subdirector general de Extranjería, son cinco los principales retos para afrontar esta situación: la dispersión de competencias entre las distintas administraciones, la falta de un registro para saber quiénes son o dónde están, los problemas para conocer su edad (el tratamiento policial, jurídico y social es absolutamente contrapuesto en el caso de tratarse de menores), la demostrada ineficacia del actual régimen de acogida en centros y la no aplicación del precepto de repatriación.

Pero si por la regiones españolas los menores campan sin la atención necesaria, en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla la situación es kafkiana: cientos de niños atraviesan diariamente la frontera para conseguir de cualquier manera algo de dinero; si son atrapados por la policía comienza un periplo del que nadie se responsabiliza. Las ONG y los Jueces de Menores dan voces en el desierto de la incompetencia administrativa; y mientras tanto muchos niños mendigando, hacinados en edificios sin los requisitos mínimos y siendo el caramelo de indeseables organizados.

||JUGAR A SER||

El único principio de los Derechos del Niño que no está garantizado y respaldado legislativamente en España es el que se refiere a la responsabilidad penal de los menores. Para ajustarnos a la Convención, España tuvo que reformar en 1992 la ley sobre los juzgados de menores; ahora, los niños entre 12 y 16 años tienen edad para que les sean exigidas responsabilidades si cometen delitos, pero son tratados por Juzgados de Menores. De los 16 a los 18 años los Juzgados y Tribunales ordinarios se encargan de sus casos, y aunque aplican penas inferiores que pueden ser sustituidas por internamiento en instituciones especiales, estos procedimientos contravienen lo dispuesto en la Convención. En el Parlamento se está debatiendo aún la futura Ley de Responsabilidad Penal de los menores que las ONG de infancia critican porque no se da prioridad a la acción preventiva y no se evalúan los factores de riesgo que originan la marginalidad y la delincuencia. Una ley que no puede esperar pero que debe ser sumamente sensible porque, como afirma el Defensor del Menor, los niños y jóvenes son inocentes pero hay algunos que no son inofensivos.

El derecho a la participación, a conocer sus derechos y el derecho a jugar son para el niño tan importantes como cualquier otro. Las posibilidades que permiten disfrutar del tiempo libre como tiempo para crecer como personas, deben estar aseguradas por las administraciones competentes. Pero no siempre es así; de nuevo las ONG cubren aspectos en pos del bienestar de los menores. Bajo el lema de "Jugar educa" se desarrolla el proyecto de Save Children Ocio y Tiempo Libre para grupos infantiles de interés social que ofrece las posibilidades que necesitan niños y niñas que tienen dificultades para acceder a ellas. Niños de zonas rurales, de suburbios, menores tutelados o con alguna discapacidad se benefician de este programa. Un ejemplo es el de la asociación EKI, instalada en un barrio de la periferia de Madrid donde no hay otras opciones para los niños. A EKI, que pretende ser el sufijo de igualdad en su barrio, Save the Children les ha ofrecido una ayuda vital y según Ana, una de sus monitoras, "más importante que el económico ha sido el apoyo moral y formativo".

Planes de Acción, presupuestos, subvenciones, instituciones especializadas y ONG comprometidas, cualquier esfuerzo es poco para proteger a los niños, para acabar con sus necesidades, para ofrecerles una vida digna. Porque la sonrisa de un niño compensará el mayor de los sacrificios.

Lola Pérez - "OeNeGé"